La asociación conservacionista HARITZALDE ha publicado la siguiente nota de prensa:
EL NUEVO PLANEAMIENTO DE BELARTZA ALTO. DONOSTIA, ¿UNA CIUDAD SIN LEY? ¿QUIEN NOS GOBIERNA?
Recientemente ha salido a la luz el inicio de tramitación para un nuevo desarrollo urbanístico en Belartza Alto que haciendo uso del vertido declarado ilegal por el TSJPV propone la creación de 25.000m2 de suelo comercial y aun más suelo industrial.
La Asociación Naturalista HARITZALDE , junto con vecinos de Añorga y el resto de las asociaciones conservacionistas. naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa reunidas bajo el paraguas de NATURKON (Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan) denuncian públicamente que de llevarse a cabo dicho plan, Donostia se convertiría en “la ciudad sin ley”.
El pasado 10 de junio de 2019, el TSJPV dictó la sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y quedaba en la obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino 120.000 m3 de rocas provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona (Belartza cantera).
Más de un año después, EL AYUNTAMIENTO NO HA CUMPLIDO EL MANDATO JUDICIAL, y de nuevo la HARITZALDE ha tenido que interponer una demanda solicitando su ejecución. Los propietarios ya avisaron en reunión pública al anterior concejal de urbanismo, Enrique Ramos, que no iban a retirar el vertido ilegal. Aún así el Ayuntamiento siguió negociando con ellos como si nada.
El Ayuntamiento, condenado, lejos de iniciar la ejecución subsidiaria de la retirada del macrovertido ilegal, habría podido estar reuniéndose con los reiterádamente infractores para negociar la nueva propuesta urbanística. Eso es, al menos, lo que se podría deducir cuando en diversas intervenciones de la concejala de urbanismo, Nekane Arzallus, desde que tomó su cargo, incidía en que no tenía sentido retirar las piedras si iban a ser utilizadas en el lugar, cuando en la planificación aprobada no tendrían cabida, ni siquiera de manera provisional, como así lo consideró el TSJPV. Por tanto, estas declaraciones, como el mismo proyecto presentado en el ayuntamiento, incumplen por completo lo dictaminado por el órgano superior de justicia del País Vasco. Parece que se pretende ignorar a la Justicia, que establece que la actuación declarada ilegal ha de revertirse y, en cumplimiento de la ley, los materiales vertidos deben depositarse en vertedero autorizado.
Recientemente hemos visto las marquesinas de la ciudad una campaña promovida por el Ayuntamiento de Donostia para fomentar el consumo en el pequeño comercio local. Así como una plataforma y ayudas directas a los comercios. Los representantes municipales se han llenado la boca con palabras de compromiso con el comercio de cercanía. Sin embargo, mientras tanto se negocian en la trastienda pelotazos urbanísticos como este, en el que se prevén implantar más franquicias y multinacionales, generando un sucedáneo de parque comercial en la periferia. ¿Qué motivaría al Ayuntamieto a negociar tal incoherencia con una empresa de infractores que ha incumplido sistemáticamente la normativa urbanística desde que construyeron Mercadona en Belartza? ¿La simple contrapartida económica cortoplacista derivada de la ejecución de este proyecto? En cambio, perdería por el camino toda la coherencia y credibilidad sobre el amparo al pequeño comercio, pues esta operación, sumada a la actual ampliación del CC Garbera, perjudica muy seriamente a este golpeado sector donostiarra
Actualmente la estrategia que utilizan los promotores de este tipo de proyectos, dado que la nueva Ley de suelos comerciales del País Vasco impide la creación de estos desarrollos urbanísticos comerciales fuera de la trama urbana, es tramitarlos como suelo industrial, sabiendo que eso les permite destinar un 30% del suelo a este uso comercial. Este fraude de norma o ingeniería legal, tiene varios ejemplos en la ciudad, el último de ellos en Belartza-Cantera, donde bajo la premisa de desarrollo de una parcela de uso industrial se construyó Mercadona y Mac Donalds y a día de hoy no existe uso industrial alguno.
La única realidad es que no existe demanda ni necesidad de creación de suelo industrial en la actualidad y es por eso que el macropolígono público donostiarra Eskuzaitzeta, sigue siendo incapaz de incorporar actividad industrial después de destruir casi 30 hectareas de bosque y suelo natural.
Las promotoras desarrollan este tipo de planeamientos con el dinero de multinacionales comerciales sobre la mesa y una vez urbanizado el espacio, esperan con suerte la implantación futurible de empresas, que aunque no suceda, ya ha permitido garantizar el desembolso necesario para su rentabilidad con el suelo terciario. Existen ejemplos de esta mecánica en varias parcelas industriales sin uso real industrial en la ciudad. Pero el urbanismo no puede ser a la carta y debe responder a las necesidades reales de la población. La conservación de nuestro patrimonio natural natural no puede estar a expensas de avariciosos intereses económicos particulares y la administración debe ser su garante. Si el urbanismo se pliega a los intereses privados en lugar de velar por el interés general, si el ayuntamiento negocia planeamientos con empresas infractoras y si para ello incumple sentencias como la emitida para Belartza por el TSJPV, Donostia se convertirá en una ciudad sin ley.
Donostian, 2020ko irailaren 21ean.
Plano del proyecto propuesto para Belartza Alto ( septiembre 2020)
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