El grupo conservacionista HARITZALDE
NATURZALEEN ELKARTEA se ha visto obligado a demandar nuevamente al Ayuntamiento
de Donostia por incumplir la sentencia de Belartza Alto.
El pasado 10 de junio de 2019, el TSJPV dictó la
sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y
quedaba en obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado
natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino
120.000 m3 de rocas
provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona.
La sentencia, en la que quedó
claro no existir dudas ni de hecho ni de derecho por los hechos denunciados por
HARITZALDE, se estableció como responsable
de la obra clandestina a la empresa Valeriano Urrutikoetxea S.A. y al Ayuntamiento
como responsable de la licencia ilegal, dictando expresamente que había que restablecer a la situación
anterior a la licencia otorgada en un plazo de dos meses.
Más de un
año después, el mandato judicial que había de haberse cumplido sin condiciones, no ha sido ejecutado.
Este plazo inexcusablemente incumplido para la retirada del vertido y la
restauración medioambiental de Belartza Alto, nada tiene que ver con el procedimiento
administrativo que Ayuntamiento y VUSA mantenían por el incumplimiento de la empresa los términos de la licencia municipal
demostrada ilegal, que ha permitido que durante meses el ayuntamiento se
escudara tras la emisión de multas coercitivas potestativas sin hacer ejecutar la sentencia judicial y
permitiendo la dilación innecesaria de plazos. Este injustificado incumplimiento de la ley por el ayuntamiento, ha
obligado una vez más a que una asociación de pequeño tamaño deba agotar sus
recursos para acudir a los tribunales para hacer cumplir lo que ya anteriormente ha ganado.
En el pasado mes de junio el Pleno Municipal se posicionó políticamente a favor de iniciar
el procedimiento de ejecución
subsidiaria. Con este instrumento el ayuntamiento sustituiría la acción de la
empresa infractora VUSA que desatiende
la obligación de retirar el vertido, repercutiendo los gastos devenidos sobre ella o
embargando los terrenos. Pero más
de un mes después el ayuntamiento de Donostia no ha realizado ni una sola
acción administrativa en este sentido,
por lo que más allá del gesto político, la realidad vuelve a hablar sobre la inconsistencia
de compromiso del ayuntamiento en cumplir
el dictamen de judicial. Por esta razón
HARITZALDE acaba de presentar una
demanda de ejecución frente al Ayuntamiento de Donostia en la Sala 2 del
Juzgado Contencioso Administrativo.
En medio de esta polémica, con fecha
22 de junio el BOE nº173 publicó el “Estudio Informativo Complementario de la
nueva red ferroviaria en el País Vasco del tramo Astigarraga-Lezo” donde para la
sorpresa de las asociaciones ecologistas y vecinales implicadas en la defensa
del caso de Belartza Alto, se establecía este lugar como una de las
propuestas para ubicar un vertedero de 103.476
m3 del tramo del T.A.V.
La insólita propuesta de ubicar un vertedero
del TAV en Belartza Alto ignora la existencia
de la sentencia del TSJPV que obliga a retirar el vertido ilegal efectuado en
la zona y restituir el área a su estado natural original.
Más allá de este argumento de peso, las alegaciones presentadas por
HARITZALDE y al menos otras 8 asociaciones, defienden que dicha propuesta
incumple el PGOU de la ciudad que expresamente impide el depósito ni entrada de
materiales en este ámbito, donde para
más inri existe un Hábitat de Interés Comunitario y una importante masa boscosa
protegida. La propuesta de Belartza Alto
como vertedero del TAV además tiene capacidad de recoger una ínfima parte de
los 5millones de metros cúbicos que prevé el tramo Astigarraga-Lezo y su
distancia física del lugar de las obras de TAV encarecería innecesariamente las
mismas.
Los colectivos implicados esperan
que el ayuntamiento haga lo propio en la audiencia entre administraciones y en
coherencia con lo inevitablemente alegado, ejecute subsidiariamente de manera
inminente acorde a la sentencia del TSJPV y la nueva demanda de ejecución
interpuesta por HARITZALDE.
Las asociaciones ecologistas y vecinales lamentan tener que acudir a los tribunales para que velando por el interés público que ha sido establecido en el mandato del TSJPV de 10 de junio de 2019, se restaure la zona a su estado natural por inacción del consistorio.
En Donostia- San Sebastián, 04 de agosto de 2020
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